Nuestro país vivirá en los próximos meses un ambiente de elevada tensión política. Ya estamos resintiendo la cerrazón de los grupos magisteriales de la CNTE contra la reforma educativa.
Millones de niños de los Estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Morelos, principalmente, se quedarán sin poder reiniciar sus estudios por el paro indefinido convocado por los maestros disidentes.
Las violentas acciones que tienen ahora como escenario la ciudad de México, parecen ser el preámbulo de lo que puede suceder cuando se debatan las reformas electoral, hacendaria y energética.
Verdaderamente trágico para una sociedad herida en lo profundo de su ser por la desmesura de las acciones criminales, sería dejar atrás el debate de las ideas y las propuestas para caer en el extremismo de la irracionalidad. Hacer a un lado la política, el diálogo y la negociación para hundirnos en la cerrazón y la parálisis, es mantener sin esperanzas a la nación urgida de superar las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra gran parte de la población mexicana.
La reforma electoral busca el fortalecimiento y transparencia de nuestra vilipendiada democracia. Todos los temas son importantes. Destacan, entre ellos, la segunda vuelta electoral en el proceso de elección del presidente de la República. La Ley General de Partidos para reducir y evitar el dispendio electoral. La reforma política del Distrito Federal para dotarlo de una Constitución Política propia, al igual que el resto de las entidades federativas. La aprobación de la Ley Reglamentaria de Candidaturas independientes; las leyes de iniciativa ciudadana, de iniciativa preferente y la reglamentaria de la consulta popular. Así como revisar el asunto de la reelección de legisladores.
Por su parte, la reforma fiscal, postergada por muchos años, siempre controvertida y de no fácil aplicación, buscará establecer un régimen impositivo en el que un número significativamente mayor de mexicanos paguen sus impuestos y el gobierno reciba ingresos muy superiores a los actuales para poder impulsar los programas de salud, alimentación, educación e infraestructura.
Hace más de 30 años, desde el gobierno de Miguel de Lamadrid, se ha intentado modernizar el sistema fiscal y no se ha podido.
Los sucesivos gobernantes, incluso cuando el PRI tenía la mayoría absoluta en el Congreso, han doblado las manos frente a las reacciones contrarias de los poderosos grupos beneficiados con los subsidios y con el privilegio de no pagar impuestos. Entre ellos, los transportistas, los ejidatarios, los banqueros, etc., etc.
Más complejo aún resultará sacar adelante la reforma energética. Al amparo de un supuesto nacionalismo retrógrada, la izquierda trata a toda costa de impedir la inversión privada en los sectores petrolero y eléctrico. Su propuesta resumida es liberar a Pemex y a la CFE de la enorme carga fiscal que tienen encima, para que esos recursos los destinen a su desarrollo. Se les olvida el pequeño detalle de que de cada peso del presupuesto nacional, cuarenta centavos provienen de las aportaciones de Pemex. ¿De que manera compensar la pérdida de estos recursos?
En estas últimas semanas nos hemos enterado de la crítica condición en que se encuentra la industria petrolera nacional. Solamente en el último trimestre perdió 53 mil millones de pesos. México está a punto de convertirse en importador neto de gasolinas y de gas, a pesar de ser uno de los países con las mayores reservas del mundo. No tenemos los recursos para modernizar la industria y aprovechar los yacimientos en las aguas profundas, que compartimos en el Golfo de México con Cuba y los Estados Unidos. Es patético y grotesco lo que sucede en esta área. Cuba, país gobernado por un régimen comunista, tiene convenios con las empresas petroleras privadas para explotar los yacimientos de las aguas profundas, lo cual ya está haciendo, mientras México, con los brazos cruzados, se limita a contemplar como es succionado el petróleo.
No podemos continuar aislados y aferrados al obsoleto objetivo de mantener intocados a los monopolios de la energía eléctrica, del petróleo y del gas. Los precios de las tarifas eléctricas en nuestro país están por arriba del cien por ciento a los que existen en los Estados Unidos. Con el gas pasa algo similar. Requerimos de capitales y de tecnologías, que no tenemos, sin perder la propiedad de los hidrocarburos. Por el bien del futuro de México confiamos en que sean los argumentos racionales y el debate informado, las vias para asegurar el éxito de las reformas.
Por Héctor Manuel Ezeta
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