Terminó el 2013 y con él, la época del llamado nacionalismo revolucionario. El mito ya estaba muy vulnerado desde la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La aprobación de la reforma energética, en otras palabras, el tránsito de Pemex y de la CFE del mercado monopólico al mercado de la competencia nacional e internacional, pone fin a dos de los reductos más significativos de esa visión de nuestro país como una sociedad semi cerrada en lo económico y en la percepción de sus valores sociales, políticos y culturales.
A los ciudadanos que pertenecemos a la llamada tercera edad (podría ser quinta o séptima) nos tocó atestiguar ese proceso de nacimiento, decadencia y cambio (o extinción) del Estado empresario, envuelto en el mito o bandera del nacionalismo revolucionario. De 1938 a 2013. En un principio, la bandera funcionó. México rescató, para provecho de la sociedad y del gobierno, la riqueza del subsuelo. Se crearon las empresas energéticas y se desarrolló la tecnología con expertos nacionales.
A partir de la década de los 70’s los recursos energéticos ya se utilizaron más en beneficio de los intereses del gobierno, que en el bien de la sociedad. En lugar de realizar una reforma fiscal correctiva, los ingresos petroleros sirvieron para financiar el presupuesto público. El colmo llegó durante el gobierno de López Portillo, la era de la abundancia petrolera. Más del 70% del presupuesto federal se cubría con el petróleo. La economía mexicana se petrolizó. Al mismo tiempo crecieron hasta límites insospechados las prácticas corruptas dentro de las empresas energéticas y el control de los sindicatos sobre la administración, el presupuesto y las operaciones productivas. Los privilegios laborales se volvieron insostenibles. El líder de los trabajadores de Pemex, la Quina, se convirtió en la figura más relevante en la administración petrolera.
De allí en adelante Pemex siguió hasta la fecha una caída continua en términos de productividad, eficiencia y resultados financieros. Por su parte, el monopolio de la CFE a través de los años se ha convertido en un organismo autoritario, destacado por las innumerables quejas de los consumidores, incapaces de impugnar los cambios y alzas inesperadas de facturación y tarifas. La corrupción dentro de la empresa ha permitido el florecimiento de las conexiones ilegales, los famosos “diablitos”, y es indignante observar a la CFE introduciendo el servicio eléctrico en los asentamientos irregulares, lo cual les otorga un mecanismo de defensa jurídica muy difícil de echar abajo.
¿Podrá la competencia entre empresas eléctricas modificar estas conductas? De darse la participación efectiva de múltiples empresas nacionales y extranjeras proveedoras de energía eléctrica, en un piso parejo para todas, ciertamente el panorama energético del país cambiará para bien de todos. El gran riesgo sería repetir la historia equivocada de Telmex y la del duopolio televisivo.
En la aprobación de las leyes secundarias reside la gran incógnita y la respuesta a la nueva era que la nación tiene derecho a vivir. Reformada la Constitución de la República están sentadas las bases para convertir en realidad los objetivos de los cambios estructurales en materia energética y en telecomunicaciones. De no proceder con esta congruencia estaríamos frente a un muy costoso engaño político y económico.
La enorme responsabilidad reside nuevamente en el Poder Legislativo y en la voluntad negociadora del Presidente de la República. Las principales corrientes políticas -PRI, PAN y PRD- están obligadas a continuar con la construcción de acuerdos, dentro o fuera del Pacto por México. La tarea más difícil la tiene el PRD. Agobiado por el proceso de renovación de la dirigencia nacional, algo semejante a lo que ocurre en el PAN, las corrientes moderadas y conciliatorias deberán decidir si continúan como actores participativos o vuelven a refugiarse en el aislamiento y obstruccionismo característicos.
Para la edificación de esta nueva era, parecen aplicables, además de las reformas constitucionales, las recomendaciones que el Presidente de China hizo para mejorar las condiciones de su país: 1) Severo castigo para los políticos corruptos; 2) Quintuplicar la inversión en educación; 3) Reducción drástica de la carga tributaria; 4) Reducir en al menos un 80% el salario y los gastos de los políticos profesionales; 5) Desburocratización inmediata; 6) Recuperación de la inversión pública; 7) Invertir fuertemente en el cambio de la cultura del pueblo.
Por Héctor Manuel Ezetaa
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