Estamos muy cerca de que se apruebe por el Congreso Federal, la iniciativa de Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, originalmente presentada por el PAN y que después de un fuerte debate mereció el acuerdo del PRI y el PRD para votar el proyecto de reformas constitucionales.
La resistencia mayor provino de tres asuntos básicos: la ratificación del Secretario de la Función Pública por el Senado, la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar recursos estatales y municipales y la extensión a siete años del plazo de prescripción de actos u omisiones graves en la materia.
Quizá el que generó mayor polémica fue el relativo a las nuevas funciones de la Auditoría Superior de la Federación que vigilará la conducta de las autoridades estatales y municipales en el ejercicio de los recursos de procedencia federal. Recordemos que en el Estado de Guerrero el 96% de su presupuesto proviene de recursos y subsidios federales y hemos visto a lo que nos ha conducido la falta de controles y la impunidad de gobernadores y alcaldes en el ejercicio de los mismos. El ejemplo más patético de esa impunidad lo vivimos recientemente con las acusaciones y encarcelamiento de un buen número de familiares del ex gobernador Aguirre, que aprovecharon para su beneficio personal los recursos del gobierno federal destinados a la recuperación y desarrollo de la entidad.
De aprobarse el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción estaremos cerrando una lamentable etapa de la historia reciente de nuestro país caracterizada por el notable aumento de los casos de sobornos, cohecho y pago de “moches” y comisiones para la asignación de contratos de obra pública y adquisiciones.
Esta dispersión de la corrupción a lo largo del país parece haber tenido su origen a partir de que el Congreso Federal pasó a ser controlado por la oposición. Para aprobar el presupuesto federal tal como lo proponía el Presidente de la República, era el gobierno de Vicente Fox, éste prefirió recurrir a la alianza con los gobernadores priístas, la mayoría, para que ordenaran a sus diputados aprobarlo, a cambio del aumento sustancial de recursos federales a su favor. No solo recibieron más dinero, también obtuvieron el derecho de manejar los recursos a su antojo y con ellos manipular a los presidentes municipales, fueran del partido que fueran. Los gobernadores parecieron ir convirtiéndose poco a poco en señores feudales.
La dispersión del poder, forma sofisticada de la democracia, hizo también que el Presidente de la República y los gobernadores se ganaran la voluntad de los congresos facilitando a los diputados el incremento desorbitado de sus ingresos y gastos. Entre 2002 y 2014 los presupuestos de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ascendieron a 141 mil 913 millones de pesos constantes (a junio de 2014). Mientras la tasa de crecimiento en términos reales del presupuesto del Poder Legislativo federal en esos 13 años fue de 54%, la de los poderes legislativos de las 32 entidades fue de 110%, también real, sin que en la mayor parte de los casos exista justificación de tales incrementos (Luis Carlos Ugalde).
Este enorme manejo de recursos por parte de los congresos locales (y también del federal) inauguró el sistemita de los recursos etiquetados, para que los diputados dispongan de ellos y los entreguen sobre la base de “moches”, cada vez más elevados.
La fiscalización y revisión de participaciones federales a Estados y municipios podrá establecer controles más eficaces sobre el ejercicio del gasto público. La nueva ley en proceso de aprobación establece que ninguna falta grave prescribirá en menos de siete años, lo que podrá otorgar a las autoridades fiscalizadoras el tiempo suficiente para investigar los casos más notorios de corrupción y evitar de esta forma la impunidad en los delitos.
El tema es muy complejo y el Sistema Nacional Anticorrupción para ser eficaz tendrá que aterrizar en leyes secundarias en la materia, de las que son responsables los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía anticorrupción de la PGR, de la Secretaría de la Función Pública y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otro aspecto, más importante aún, es el papel que jueguen los mecanismos de información, transparencia y vigilancia del gasto por parte de los congresos locales y sobre todo, de las organizaciones ciudadanas independientes.
Combatir la corrupción nos abarca a todos, desde luchar contra la práctica de la “mordida” como un hábito generalizado de cultura social (o incultura, mejor dicho), hasta las sanciones severas para los particulares que se confabulan con las autoridades para lograr beneficios ilegales, ganar contratos y concesiones mediante supuestas licitaciones o ponerse de acuerdo entre proveedores para ofrecer precios altos a los jefes de compras del gobierno.
Vamos a ver qué sucede, pero festejemos que por lo pronto se den pasos adelante para poner a los corruptos en su lugar, detrás de las rejas, y se pueda avanzar en por lo menos disminuir uno de los más graves problemas que afecta a nuestra sociedad y enturbia el futuro de las nuevas generaciones.
Por Héctor M. Ezeta
Sé el primero en comentar